Por Enrique Jonguitud
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El primer informe de la auditoría externa que se realiza en el Gobierno de Victoria, reveló que la anterior Administración Municipal de Ciudad Victoria otorgó contratos por más de 13.7 millones de pesos a empresas “factureras”, informó Sergio Estrada Cobos.
El contralor municipal reveló que aclaró que las observaciones de la auditoría son hallazgos que pueden o no, concluir en algún delito, “yo no diré qué delito, eso lo determina la autoridad, el Ministerio Público o la Fiscalía”.
En entrevista, el funcionario municipal dijo que del 2018 al 2021 el anterior gobierno de Victoria volvió a trabajar con empresas de las llamadas factureras que ya habían sido detectadas como irregulares por el gobierno de Estado.
“Y al trabajar con empresas factureras, eso puede derivar en actos de corrupción, puede derivar en desvío de recursos, opacidad en la rendición de cuentas”.
Detalló que fueron en total seis empresas factureras con las que la administración municipal (2018 – 2021) otorgó contratos en diversos rubros.
Los nombres de las empresas son:
Taller Visual S.A de C.V. (de Tuxpan, Veracruz); Mandare Avanti S.A. de C.V. (de Nuevo León), MFI Servicios y Asesores S.A. de C.V. (de Victoria), INARPRO S.A. de C.V. (Monterrey), Empresa Materiales, Edificación y Planeación Sierra Madre S.A. de C.V. (Victoria) y Jemcia S.A de C.V. (Nuevo León).
“Hay contratos de servicios de consultoría en diversos aspectos por ejemplo: proyección de imagen, estrategias de mercado entidades, encuestas y planes de educación para la seguridad vial en el municipio”.
Estrada Cobos dijo que “los entregables que esta empresa hizo son informativos, es material didáctico, información generalizada y no del municipio, es una empresa a la cual no se le localizó en el domicilio fiscal”.
Destacó que el total de los contratos otorgados por las anteriores autoridades municipales a las seis empresas factureras es de 13 millones 781 mil 712 pesos.
Recalcó que “son hechos que se tienen que investigar, abrir un expediente, iniciar un procedimiento administrativo e invitarlos porque no los puedes juzgar desde los hechos que están aquí”.
Estimó que en aproximadamente 45 a 60 días la Contraloría y el grupo de asesores expertos del municipio podrían determinar si hay algún delito cometido por la anterior administración municipal.
