Por Jorge Gonzalez
Ciudad Victoria, Tamps. – Algunas características de las sociedades develadas en el reportaje de investigación realizando con el Border Hub “Covid en Tamaulipas; la “mina de oro” que encontraron algunas empresas”, acreditan criterios que la autoridad fiscalizadora utiliza para poder identificar a empresas con conductas ilícitas, que incumplen el marco legal y podrían ser “fachada”, manifestó Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En entrevista con Nieto Castillo, quien forma parte del equipo de transición de la próxima Administración estatal de Tamaulipas, la cual inicia formalmente este primero de septiembre, dijo que la indicación del gobernador electo, es trabajar en la revisión de presupuesto de todas las dependencias y entidades que ejercieron recurso público e incluyendo el tema de Covid19, y confirmó que las empresas citadas en la investigación periodística serán incluidas en el proceso de revisión como parte de la transición entre las administraciones de Francisco García Cabeza de Vaca y Américo Villarreal Anaya.
Estando al frente de la UIF en el período de pandemia dijo que realizaron investigación en temas vinculados con Covid19, pero no en el rubro del gasto público. Las actividades efectuadas en el país fueron enfocadas en asuntos vinculados al aumento de prestamos fuera del sector financiero, empeño de bienes, aumento de pornografía infantil, aumento de trata de personas y fraudes cibernéticos. En Tamaulipas, en el desarrollo de la entrega recepción estaría enfocado al gasto del presupuesto destinado a la contingencia sanitaria.
Los reportajes de investigación periodística relacionados a presunta corrupción, desvío de recursos públicos, entre otros que involucre personas físicas o morales, deben ser importante no solamente para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sino para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación para poder identificar casos de lavado de dinero, defraudación fiscal, evasión fiscal, además de los temas vinculados con el enriquecimiento ilícito.
“Las empresas estarían como personas morales sujetos de activos de la Comisión de conductas ilícitas, la sanción para una persona moral tiene que ver con una multa o la disolución de la sociedad, pero esto no exime a las personas físicas que están detrás de las morales y que cometen conductas ilícitas como en este caso sería lavado de dinero y defraudación fiscal”.
Para efecto de poder identificar empresas con conductas ilícitas, dijo que la autoridad fiscalizadora examina diversos puntos: primero es el pago de impuestos, segundo las contribuciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que sean acordes con el tipo de empresa, tercero el domicilio fiscal, “en ocasiones se encuentran empresas que tienen grandes ingresos y están ubicadas en colonias populares o en terrenos baldíos, por lo tanto evidentemente es un indicador que existe una empresa fachada”.
Tal es el caso de estas empresas, por ejemplo, SEGARTEK en la Secretaría de Salud obtuvo contratos Covid que suman casi 60 millones de pesos, la empresa no se localizó en la dirección que registró en el padrón de proveedores y en los contratos, o SPCES que se ubica en una “bodega” aparentemente improvisada, Ortho-Health&Integral Supply Services de México no se localizó en el domicilio fiscal.
Además, aseguró que en ese tenor han identificado diversos casos de “empresas fachada” en Tamaulipas y el segundo paso será denunciarlas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un tema de defraudación fiscal.
En otros estados se han presentando casos de entidades públicas que mantienen contrataciones millonarias con personas morales y después de ser investigadas por la autoridad competente confirman que los que están al frente de ello solamente son “prestanombres” y que el beneficiario final se trata de otra persona la cual no forma parte de la empresa ni aparece en documentos que lo vinculen a primera vista. Las empresas de Tamaulipas que ya tienen en la lista porque presentan estos “focos de alerta”, serán sometidas a dicho proceso de revisión.
Explicó que generalmente la relación que existe entre un prestanombres y la persona que es identificada como el beneficiario final, son las transferencias financieras o generación de beneficios, mencionó incluso que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) están orientadas en buscar a los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas y las personas morales; por ejemplo, fideicomisos o sociedades anónimas. “Lo importante es ver quiénes son los dueños de las sociedades anónimas y a partir de ahí llegar al beneficiario, a quien utiliza los recursos o recibe los beneficios de una determinada empresa”.
Finalmente dijo que una de las tareas pendientes que tiene México en esta materia, es consolidar lo propuesto en el Grupo de Liderazgo sobre transparencia de Beneficiario Final el cual es dirigido por Inglaterra. “Se plantea la generación de un registro nacional de beneficiarios finales en temas vinculados con narcotráfico y corrupción, que implica el trabajo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Economía e Instituto Nacional Electoral (INE) para poder identificar a las personas”.
Aquí podrás leer el reportaje completo que se realizó con el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers “Covid en Tamaulipas; La “mina de oro” que encontraron algunas empresas”: https://bit.ly/3wFGUFL
