Por Jorge Gonzalez
Ciudad Victoria, Tamps.- El fenómeno de desapariciones, desapariciones forzadas y las condiciones de derechos humanos en México, es tema que preocupa a los congresistas de Estados Unidos, incluso, lo han abordado en informes donde incluyen a Nuevo Laredo, Tamaulipas y proponen reforzar herramientas de ese país que están a disponibilidad de autoridades mexicanas para erradicar esta situación.
De acuerdo al informe de Congressional Research Service (CRS) con edición del 25 de julio de 2022, informa que; “unas 36 personas desaparecieron entre febrero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, incluido un ciudadano estadounidense”.
“Los informes de testigos recopilados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicaron que las fuerzas de seguridad federales habían detenido a muchas de esas personas”.
“En julio de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México publicó un informe que atribuía 27 de las desapariciones a los marinos y recomendaba abrir investigaciones penales contra los responsables. En abril de 2021, los fiscales arrestaron a 30 infantes de marina por su participación en las desapariciones y asesinatos de 2018, pero un juez liberó a 12 de esos sospechosos ese mismo año”, agrega el informe.
Con base al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), las estadísticas actualizadas desde el primero de diciembre de 2018 inicio del sexenio federal a la fecha actual, en Tamaulipas desaparecieron en total de 2 mil 144 personas, de éstas 36 hombres y 14 mujeres son de nacionalidad estadounidense.
Del total antes mencionado, específicamente en el municipio de Nuevo Laredo son 538 personas; 19 hombres y 5 mujeres estadounidenses, significa que el 48 por ciento de ciudadanos americanos desaparecieron en ese municipio fronterizo de Tamaulipas en el período indicado.
El informe del Servicio de Investigación del Congreso (sus siglas en español), que es un instituto de investigación de políticas públicas del Congreso de Estados Unidos, también agrega “México enfrenta importantes preocupaciones en materia de derechos humanos en medio de una violencia sin precedentes relacionada con el tráfico de drogas y el crimen organizado”.
“A julio de 2022, el gobierno mexicano ha registrado más de 101 mil 300 casos de personas desaparecidas. El 32.2 por ciento de los casos se reportaron desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018. Algunos casos, denominados “desapariciones forzadas”, han involucrado la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado.”
Menciona que el Congreso ha buscado abordar la situación general de los derechos humanos en México, así como el tema específico de las desapariciones forzadas, a través de la asistencia extranjera y las condiciones de dicha asistencia, audiencias y cartas a las administraciones mexicana y estadounidense.
E incluso, señala que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) permite que policías mexicanos, peritos forenses, fiscales, jueces y otros reciban capacitación y asistencia técnica, y participen en conferencias internacionales, incluyendo a quienes trabajen de lo antes mencionado en Tamaulipas.
“El Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han apoyado los esfuerzos para abordar las desapariciones forzadas en México. Dentro del Departamento de Estado, INL ha brindado asistencia forense que ha permitido que todos los laboratorios federales de México y varios laboratorios estatales (incluyendo Tamaulipas) reciban acreditación internacional”
En dicho informe insisten en repetidas ocasiones que el Congreso ha expresado preocupaciones constantes sobre las condiciones de los derechos humanos en México a través del monitoreo del cumplimiento de los requisitos de investigación de antecedentes para las unidades que reciben capacitación y equipo de los EE. UU., el apoyo a los derechos humanos y la programación del estado de derecho.
