Este jueves, el Supremo Tribunal Federal de Brasil alcanzó una mayoría de tres votos en un panel de cinco magistrados para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por liderar una tentativa de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.
La jueza Cármen Lúcia Antunes se sumó a los votos emitidos previamente por Flávio Dino y Alexandre de Moraes, relator del caso, quienes lo responsabilizaron por cinco delitos: intento de golpe, pertenencia a organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.
Aunque el juez Luiz Fux votó en contra el miércoles, el fallo quedó prácticamente sellado. Solo resta el voto del presidente del panel, Cristiano Zanin, para definir la pena, que podría alcanzar hasta 40 años de prisión según estimaciones de la Fiscalía.
“Doy por comprobado que Jair Bolsonaro cometió los crímenes en calidad de líder de una organización criminal”, afirmó la jueza Cármen Lúcia durante su intervención.
Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario por desacatar medidas judiciales, fue juzgado junto a siete exfuncionarios considerados por los fiscales como el núcleo operativo de una trama que buscaba desmantelar el régimen democrático. El asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, ocurrido el 8 de enero de 2023, fue el punto culminante de esa conspiración. Más de 600 personas han sido condenadas por su participación en esos hechos.
En caso de apelación, el pleno de 11 jueces del Supremo no revisaría el caso completo, sino aspectos puntuales como la duración de la pena o posibles contradicciones en la sentencia.
El expresidente, de 70 años, ya había sido condenado en 2023 por abuso de poder, lo que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante ocho años. En ese proceso, se le responsabilizó por difundir información falsa sobre el sistema electoral brasileño ante representantes de gobiernos extranjeros.
El juicio ha generado reacciones internacionales. El presidente Donald Trump calificó el proceso como una “cacería de brujas”, mientras que la Casa Blanca advirtió que Estados Unidos “no tiene miedo de usar el poder económico y militar” para defender la libertad de expresión. El gobierno de Lula respondió:
“El primer paso para proteger la libertad de expresión es justamente defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas”.
La polarización se intensificó en Brasil, con manifestaciones callejeras a favor y en contra del juicio durante el reciente aniversario de independencia.
Como excapitán del Ejército, Bolsonaro podría acceder a un régimen penitenciario especial, conforme al artículo 295 del Código de Proceso Penal. El Supremo definirá próximamente el lugar de cumplimiento de la condena.
Según la acusación validada por los jueces, Bolsonaro encabezó una trama que buscaba perpetuarlo en el poder tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El plan incluía, según los fiscales, el asesinato del presidente electo, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes.
