En Tamaulipas, la ocupación ilegal de viviendas y terrenos ha dejado a miles de propietarios en una situación crítica: pasar de víctimas a sospechosos. En los últimos cinco años, se han registrado cerca de tres mil denuncias por despojo, muchas de ellas vinculadas a omisiones en el seguimiento legal de los inmuebles.
Uno de los casos más notorios fue el de dos mujeres que regresaron de Estados Unidos tras una década, solo para descubrir que su casa había sido ocupada por otras personas que se negaban a desalojarla. Aunque el episodio se viralizó y culminó en un desalojo, no todos los afectados corren con la misma suerte.
La falta de actualización en el Registro Público de la Propiedad agrava el problema. En el sur del estado, solo el 35% de los bienes inmuebles cuenta con títulos actualizados, lo que deja al resto en una vulnerabilidad jurídica que dificulta su defensa en tribunales.
Además, la Ley de Extinción de Dominio permite al Estado incautar propiedades ligadas a delitos graves, incluso sin sentencia firme. Esto ha generado preocupación entre propietarios que, sin tener relación con actividades ilícitas, pueden verse involucrados en investigaciones si sus inmuebles son ocupados por delincuentes.
Para prevenir estas situaciones, autoridades recomiendan mantener actualizados los títulos de propiedad y contratar alertas patrimoniales, que notifican cualquier movimiento legal sobre los bienes. Este servicio, disponible por una cuota anual, puede ser clave para quienes residen fuera del estado o del país.
