La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está considerando convocar una segunda audiencia pública para discutir la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, dos figuras jurídicas que han generado amplio debate por su impacto en los derechos humanos y el debido proceso.
Durante la sesión del 5 de noviembre, varios ministros expresaron la necesidad de ampliar el diálogo con especialistas, organizaciones civiles y académicos antes de emitir una resolución definitiva. La propuesta surge en el contexto de una sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que declaró ambas prácticas como contrarias al marco interamericano de protección de derechos fundamentales.
La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, subrayó que el objetivo de esta nueva audiencia sería fortalecer la deliberación judicial con argumentos técnicos y sociales que permitan evaluar el alcance de estas medidas en el sistema penal mexicano.
En la primera audiencia pública, celebrada en septiembre, participaron representantes de organismos internacionales, colectivos de víctimas, juristas y defensores de derechos humanos. La posibilidad de una segunda ronda busca incorporar nuevas voces y actualizar el análisis a partir de la sentencia de la CoIDH, que obliga al Estado mexicano a revisar su legislación en la materia.
La SCJN aún no ha definido la fecha ni el formato de esta eventual audiencia, pero se espera que en las próximas semanas se anuncien los lineamientos para su organización.
