El Senado de la República anunció que realizará cambios a la minuta de la Ley General contra la Extorsión, con el objetivo de perfeccionar su redacción y evitar interpretaciones que pudieran generar controversia en la aplicación de la norma. La iniciativa, que busca combatir de manera más eficaz el delito de extorsión en todo el país, ha sido señalada como una herramienta clave para frenar prácticas como el cobro de piso y otras formas de presión ejercidas por grupos criminales.
Los legisladores explicaron que las modificaciones se centran en precisar las sanciones y en garantizar que la ley no abra la puerta a la liberación de personas procesadas por delitos graves. Con ello, se pretende dar certeza jurídica y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar un delito que afecta tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas.
La discusión se da en medio de un consenso amplio sobre la necesidad de contar con un marco legal más sólido, aunque persisten diferencias sobre la manera de armonizar la nueva ley con el Código Penal Federal y la legislación contra la delincuencia organizada. Diversos grupos parlamentarios han coincidido en que la extorsión es uno de los delitos que más daño causa a la economía y a la seguridad de las familias mexicanas.
El Senado prevé que, una vez concluidos los ajustes, la minuta sea enviada a la Cámara de Diputados para su revisión final. Con ello, se busca que la Ley General contra la Extorsión pueda entrar en vigor en las próximas semanas y convertirse en un instrumento de alcance nacional para enfrentar un problema que ha crecido de manera alarmante en los últimos años.
