El Senado de la República dio un paso importante en la discusión de la reforma legal para endurecer las penas contra el delito de extorsión, una práctica que afecta tanto a ciudadanos como a empresas en todo el país.
La propuesta, impulsada por diversas bancadas, contempla incrementar las sanciones hasta un máximo de 42 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso y de si se trata de extorsión cometida por grupos del crimen organizado. Con ello, se busca enviar un mensaje claro de que este delito no quedará impune y que las víctimas contarán con un marco legal más sólido para su protección.
Durante el debate, legisladores subrayaron que la extorsión se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones criminales, lo que genera un clima de inseguridad y afecta directamente la economía local. Por ello, consideraron urgente reforzar las herramientas jurídicas para combatirla de manera más efectiva.
La reforma también incluye medidas complementarias, como la tipificación más precisa de las modalidades de extorsión y la posibilidad de aplicar sanciones más severas cuando las víctimas sean comerciantes, transportistas o pequeños empresarios, sectores que suelen ser los más vulnerables ante este delito.
Aunque la iniciativa fue aprobada en comisiones y avanza hacia su discusión en el pleno, algunos senadores advirtieron que será necesario garantizar que las penas más altas se apliquen de manera proporcional y que el sistema judicial cuente con los recursos suficientes para procesar estos casos sin retrasos.
Con este proyecto, el Senado busca cerrar espacios de impunidad y fortalecer la respuesta del Estado frente a la delincuencia organizada, en un contexto en el que la extorsión se ha convertido en un problema de alcance nacional.
