Una familia en Colombia presentó una denuncia internacional tras la muerte de un pescador en un operativo militar realizado en aguas del Caribe. El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en uno de los primeros reclamos formales contra este tipo de acciones.
El hecho ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando la embarcación en la que viajaba Alejandro Carranza fue impactada durante un ataque aéreo. Según la denuncia, se trató de una ejecución extrajudicial que vulneró derechos fundamentales y dejó a la familia en busca de justicia y reparación.
El abogado que representa a los familiares argumentó que la operación violó normas internacionales y nacionales, y que la muerte del pescador no puede justificarse bajo supuestos de seguridad. La petición busca no solo una compensación económica, sino también que se detengan este tipo de operativos que han dejado víctimas civiles en la región.
La familia insiste en que Carranza era un trabajador dedicado a la pesca y que su muerte refleja los riesgos que enfrentan comunidades costeras ante acciones militares que, según ellos, se ejecutan sin garantías ni procesos legales. El caso abre un debate sobre el uso de la fuerza en operaciones internacionales y la necesidad de mecanismos de control que eviten nuevas tragedias.
