El órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Federación reportó un déficit financiero superior a los 14 mil millones de pesos, derivado de las obligaciones pendientes que dejó el extinto Consejo de la Judicatura Federal.
De acuerdo con el informe presentado, el pasivo acumulado corresponde principalmente a compromisos laborales y administrativos que no fueron solventados antes de la desaparición del CJF. Esta situación representa un reto significativo para la nueva estructura de gestión, que deberá encontrar mecanismos para equilibrar las finanzas sin afectar el funcionamiento de los tribunales.
Autoridades judiciales señalaron que el déficit obliga a replantear estrategias de austeridad y eficiencia en el uso de recursos, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios y la atención a la ciudadanía. Asimismo, se destacó que el saneamiento financiero será una prioridad en los próximos meses para evitar que la carga heredada limite el desempeño institucional.
