El Archivo General Agrario (AGA), considerado el segundo archivo más importante del país por la riqueza de sus documentos sobre la historia de la propiedad social en México, debía transformarse en un espacio moderno y accesible. Sin embargo, la obra anunciada en enero de 2023 con una inversión superior a los mil millones de pesos permanece inconclusa y envuelta en polémica.
El entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, presentó el proyecto como un museo y nueva sede del AGA en el centro de la Ciudad de México.
Se destacó que el inmueble, de más de 5 mil metros cuadrados, sería un referente para investigadores y comunidades campesinas.
López Obrador lo incluyó dentro de sus compromisos de rescatar la memoria histórica del campo mexicano.
A pesar de que la obra debía estar lista en 2024, el edificio sigue sin abrir sus puertas al público. El exdirector del AGA, Pedro Salmerón, denunció que el proyecto fue entregado incompleto y con problemas de filtraciones, acusando a Meyer de haber engañado al presidente. Los costos se han disparado: de una inversión inicial de poco más de mil millones de pesos, se habla ahora de montos que superan los 2,600 millones.
Dentro de Morena, el caso ha generado tensiones: algunos señalan corrupción y falta de transparencia en la ejecución de la obra. Meyer, tras dejar Sedatu, fue señalado por seguir cobrando como funcionario en la administración de Claudia Sheinbaum, lo que alimentó críticas sobre su papel en el proyecto.
Investigadores y organizaciones campesinas denuncian que la falta de acceso al archivo frena estudios y consultas esenciales para comprender la historia agraria del país.
El AGA conserva expedientes sobre reparto de tierras, conflictos ejidales y políticas rurales del siglo XX. La demora en su apertura pone en riesgo la preservación de documentos únicos y limita el derecho de comunidades y académicos a acceder a información histórica.
Para muchos, el archivo se ha convertido en un “elefante blanco” que simboliza la distancia entre discurso y realidad.
El caso del Archivo General Agrario refleja una constante en el sexenio de López Obrador: proyectos anunciados como prioritarios que terminan atrapados entre burocracia, sobrecostos y disputas internas. A pocos meses del cierre de su administración, el AGA sigue siendo una promesa incumplida y un recordatorio de las dificultades para convertir la memoria histórica en política pública efectiva.
