Las empresas productivas del Estado acumulan demandas laborales, comerciales y administrativas; especialistas advierten impacto en su operación.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encuentran bajo una avalancha de juicios en tribunales federales y locales, que incluyen reclamaciones laborales, contratos incumplidos y disputas administrativas.
De acuerdo con información judicial, los procesos se han multiplicado en los últimos años, generando un escenario complejo para ambas instituciones. En el caso de Pemex, destacan demandas relacionadas con proveedores y contratistas, mientras que en la CFE predominan los conflictos laborales y de servicio.
Especialistas en derecho energético señalan que la acumulación de litigios puede tener un impacto directo en la operación y finanzas de las empresas, al destinar recursos significativos a la defensa legal y al pago de posibles indemnizaciones.
Organizaciones civiles han advertido que la falta de transparencia en algunos contratos y la complejidad de los procesos administrativos han contribuido al aumento de demandas. “La judicialización de los conflictos refleja debilidades estructurales en la gestión de estas empresas”, apuntó un analista consultado.
Por su parte, representantes de Pemex y CFE aseguran que se mantienen estrategias de defensa jurídica y que se busca resolver los casos en apego a la ley, aunque reconocen que el volumen de litigios representa un reto constante.
El panorama coloca a las dos principales empresas productivas del Estado en el centro del debate sobre la eficiencia y la gobernanza del sector energético mexicano, en un momento en que la estabilidad jurídica es clave para atraer inversión y garantizar el suministro.
