El Departamento de Estado confirmó que a partir del 21 de enero se detendrá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 naciones. La decisión se justifica en la aplicación de la regla de “carga pública”, que permite negar visas a personas que podrían depender de asistencia social en Estados Unidos.
La lista incluye naciones de América, Europa, África y Asia.
América Latina: Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay.
Europa y Medio Oriente: Rusia, Irán, Irak.
África: Nigeria, Somalia.
Asia: Afganistán, Tailandia, Yemen.
Duración indefinida: no se ha establecido fecha de conclusión.
Visas afectadas: únicamente de inmigrante (residencia permanente).
Excepciones: las visas de no inmigrante, como las de turista, negocios o estudios, seguirán vigentes.
Justificación oficial: reducir el gasto público y evitar que nuevos solicitantes se conviertan en “cargas” para el sistema de asistencia social.
Gobiernos de países latinoamericanos como Brasil y Colombia expresaron preocupación por el impacto en sus ciudadanos que buscan establecerse legalmente en Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron que la medida podría incrementar la migración irregular, al cerrar vías legales de ingreso.
Analistas señalan que la suspensión refuerza la línea dura de Trump en materia migratoria y podría tensar las relaciones diplomáticas con los países afectados.
La decisión se enmarca en un conjunto de políticas restrictivas anunciadas desde noviembre de 2025, orientadas a limitar la inmigración legal y reforzar la regla de “carga pública”. Con ello, la administración Trump busca reducir la llegada de extranjeros que, según el gobierno, se benefician de programas sociales a tasas “inaceptables”.
El impacto inmediato será la paralización de miles de trámites de residencia permanente. Expertos advierten que la medida podría reconfigurar los flujos migratorios hacia Estados Unidos, al obligar a los solicitantes a buscar alternativas en otros países o recurrir a vías irregulares.
