La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó categóricamente que su gobierno esté ejerciendo una persecución política contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que éste acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que considera un “acoso sistemático” por parte del Estado mexicano.
Durante su conferencia matutina en el Estado de México, Sheinbaum explicó que el cobro de los 51 mil millones de pesos que se reclaman a las empresas del Grupo Salinas no constituye un acto de hostigamiento, sino el cumplimiento de un requerimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual ya fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La mandataria recordó que el máximo tribunal desechó los amparos promovidos por el equipo legal del empresario, confirmando la obligación de cubrir las contribuciones omitidas. “No hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT que ya la Suprema Corte dijo que es válido”, puntualizó.
En cuanto al proceso de cobro, Sheinbaum informó que las empresas involucradas ya fueron notificadas oficialmente y que, aunque existen plazos legales que deben cumplirse, no se trata de un ultimátum, sino de un procedimiento estándar que otorga margen para que los contribuyentes se acerquen a la autoridad fiscal. La presidenta destacó que la legislación vigente permite incluso que el pago se realice en parcialidades, conforme a lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación. “Tienen que acercarse al SAT y ahí establecer su pago. Incluso pueden pagar no en una exhibición, sino en varias. Eso es la ley”, señaló.
Por su parte, Ricardo Salinas Pliego sostuvo que tanto él como Grupo Salinas enfrentan una persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada para intimidar y desgastar a quienes disienten del gobierno.
El empresario entregó a la CIDH un expediente en el que asegura que se han cometido violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, y acusó a la SCJN de actuar bajo instrucciones del Ejecutivo Federal al desechar los amparos presentados. Desde noviembre pasado, cuando la Corte resolvió en su contra, el grupo empresarial advirtió que acudiría a instancias internacionales para denunciar cobros “inconstitucionales” y multas “desproporcionadas”. En un comunicado, Grupo Salinas calificó la resolución como “un golpe fulminante a la justicia” y anunció que exhibirá “ante los ojos del mundo” las pruebas de lo que considera persecución política sistemática.
La confrontación entre el gobierno federal y uno de los empresarios más influyentes del país se ha intensificado en las últimas semanas, con un trasfondo que combina disputas fiscales, cuestionamientos legales y acusaciones de carácter político. Mientras la administración de Sheinbaum insiste en que se trata de un proceso legal ordinario, Salinas Pliego busca respaldo internacional para denunciar lo que describe como un intento de silenciar voces críticas. El desenlace de este conflicto marcará un precedente en la relación entre el poder político y los grandes grupos empresariales en México, y podría tener implicaciones en el ámbito internacional si la CIDH decide intervenir de manera formal en el caso.
