Guatemala atraviesa una grave crisis de seguridad tras una serie de motines en centros penitenciarios que han dejado varios policías asesinados y decenas de heridos. Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2026 en distintas cárceles del país, donde internos se enfrentaron violentamente con las fuerzas de seguridad, generando un escenario de caos y preocupación nacional.
De acuerdo con las autoridades, los disturbios comenzaron de manera simultánea en al menos tres prisiones, lo que hace pensar en una acción coordinada por parte de grupos criminales. Durante los enfrentamientos, varios agentes de la Policía Nacional Civil fueron atacados y asesinados, mientras que otros resultaron gravemente lesionados. El gobierno confirmó que se desplegaron unidades militares para recuperar el control de los recintos y garantizar la seguridad de los internos y del personal penitenciario.
El presidente Bernardo Arévalo calificó los hechos como un ataque directo contra el Estado y aseguró que se tomarán medidas contundentes para restablecer el orden. En un mensaje a la nación, señaló que no se permitirá que las cárceles se conviertan en centros de operación del crimen organizado y que se reforzará la vigilancia en todo el sistema penitenciario.
La situación ha generado alarma en la población y preocupación internacional. Organismos de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de que la violencia se extienda fuera de los penales y afecte a comunidades cercanas. Al mismo tiempo, analistas señalan que los motines reflejan la fragilidad del sistema de seguridad y la influencia creciente de estructuras criminales dentro de las prisiones.
El gobierno decretó estado de prevención en varias regiones y anunció que se investigará a fondo la posible participación de bandas vinculadas al narcotráfico. Mientras tanto, familiares de internos y policías se mantienen en incertidumbre, esperando noticias sobre la magnitud real de la tragedia.
Los motines en Guatemala marcan un punto crítico en la lucha contra el crimen organizado y evidencian la necesidad urgente de una reforma penitenciaria que garantice seguridad, control y respeto a los derechos humanos.
