Bomberos de Altamira alertaron que el 50% de los incendios en viviendas del municipio están relacionados con el uso de “diablitos” y malas instalaciones eléctricas. La práctica de conectar cables clandestinos para evitar el pago de energía a la CFE ha provocado tragedias, incluyendo la muerte de dos menores en enero.
El comandante de Bomberos de Altamira, José Torres Gómez, explicó que la mitad de los incendios atendidos en casas habitación derivan de conexiones ilegales conocidas como “diablitos”. Estas prácticas consisten en colocar cables de menor capacidad directamente en las mufas, sin sistemas de protección, lo que genera sobrecargas y cortocircuitos.
Torres Gómez señaló que es común encontrar estas instalaciones en fraccionamientos como Los Mangos, El Edén e Infonavit, donde la población busca reducir gastos de electricidad.
Los bomberos identifican tres errores frecuentes:
Conexiones directas sin protección.
Uso de cables con calibre inadecuado.
Ausencia de cajas de seguridad para bloquear la energía.
Estas condiciones provocan calentamiento en las instalaciones y aumentan el riesgo de incendios.
Durante 2025 se registraron 75 incendios en viviendas en Altamira, de los cuales la mitad estuvieron vinculados a conexiones clandestinas. El caso más grave ocurrió en enero de 2026, cuando un incendio en el fraccionamiento Canarios cobró la vida de dos niñas de 5 y 3 años.
El comandante advirtió que la falta de recursos económicos y los asentamientos irregulares influyen en que las familias recurran a estas prácticas, sin dimensionar el peligro para su patrimonio y su vida.
A través de sus redes sociales, el Cuerpo de Bomberos de Altamira exhortó a la ciudadanía a evitar cableados directos o clandestinos, ya que generan cortocircuitos y ponen en riesgo a toda la comunidad. “La gente cree que es bueno porque ahorra dinero, pero nos acarrea situaciones fatales”, subrayó Torres Gómez.
La advertencia de los bomberos coloca a Altamira en un semáforo rojo en materia de seguridad doméstica. El uso de “diablitos” refleja una problemática social ligada a la economía y a la falta de cultura de prevención, pero sus consecuencias son devastadoras. La urgencia de atender el problema no solo recae en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana de evitar prácticas que ponen en riesgo la vida.
