Abogados de la zona conurbada alertan sobre un incremento en los juicios civiles, impulsado por la falta de testamentos y la irregularidad en la tenencia de la tierra.
Los juzgados de la zona sur del estado enfrentan una carga de trabajo creciente debido al repunte significativo en los pleitos legales relacionados con la propiedad de inmuebles. De acuerdo con barras de abogados y especialistas en derecho civil de Tampico, Madero y Altamira, las disputas por terrenos y casas habitación se han convertido en uno de los principales motivos de demanda en los tribunales locales durante el último año.
El fenómeno responde a una combinación de factores que han complicado la certeza jurídica en la región. Por un lado, la falta de cultura testamentaria ha detonado conflictos familiares severos tras el fallecimiento de los propietarios originales, dejando propiedades en el limbo jurídico y a herederos enfrascados en largos procesos de sucesión intestamentaria. A esto se suma la problemática de los predios irregulares, donde la falta de escrituras formales facilita la aparición de fraudes, dobles ventas o invasiones.
Expertos litigantes señalan que la plusvalía que ha ganado la zona sur, derivada del desarrollo industrial y turístico, ha hecho que los bienes raíces sean más codiciados, lo que paradójicamente ha incentivado la conflictividad. Muchas familias que poseían terrenos sin regularizar ahora buscan legalizarlos, encontrándose con que existen terceros que también reclaman derechos sobre el mismo suelo, lo que detona juicios que pueden extenderse por años.
Las autoridades judiciales y los colegios de notarios han reiterado el llamado a la población para poner en orden su documentación patrimonial. Advierten que el costo de un juicio civil para pelear una propiedad suele ser infinitamente superior al de un trámite preventivo de escrituración o la redacción de un testamento. Mientras tanto, el rezago en los juzgados continúa acumulándose, con expedientes que mantienen congelados activos inmobiliarios que podrían ser productivos para la economía local.
Este escenario ha obligado a los profesionales del derecho a solicitar mayor agilidad en los procesos y a las autoridades municipales a reforzar los programas de regularización de la tenencia de la tierra, buscando frenar una tendencia que amenaza la estabilidad patrimonial de cientos de familias en la conurbación.
