La presidenta aclaró que José Rafael Ojeda Durán no está bajo la lupa de la FGR, aunque reconoció que la indagatoria sobre el contrabando masivo de combustible sigue abierta e incluye la solicitud de extradición de empresarios estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió este jueves los señalamientos sobre una presunta investigación en contra del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, vinculada al escándalo de corrupción conocido como “huachicol fiscal”. Durante su encuentro con los medios, la mandataria fue categórica al señalar que el exfuncionario no es objetivo de las autoridades ministeriales, buscando así proteger la investidura del alto mando naval frente a las recientes aprehensiones que han sacudido a la corporación.
A pesar de deslindar al exsecretario, Sheinbaum reconoció abiertamente que el caso de contrabando de combustible a través de las aduanas y puertos del país sigue su curso dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). La titular del Ejecutivo explicó que, si bien Ojeda Durán no está implicado, en el pasado sí se registraron capturas de elementos navales en activo —como el caso del vicealmirante Manuel Farías Laguna—, un hecho que, aseguró, el propio almirante denunció y transparentó en su momento cuando estaba al frente de la dependencia.
El entramado criminal del huachicol fiscal, que operaba introduciendo buques enteros cargados de diésel bajo la falsa declaración de “aditivos para aceites lubricantes” para evadir miles de millones de pesos en impuestos, representa uno de los mayores expedientes de corrupción heredados. En este sentido, la presidenta advirtió que la red no ha sido desarticulada en su totalidad y confirmó que todavía existen órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar, las cuales apuntan a redes de complicidad tanto públicas como privadas.
En la vertiente internacional de la investigación, el gobierno federal también ha intensificado la presión. Al ser cuestionada sobre el avance de los procesos contra los proveedores extranjeros que facilitaban la venta y logística del hidrocarburo ilegal hacia México, Sheinbaum reveló que la solicitud de extradición para varios empresarios estadounidenses, entre los que destacan los integrantes de la familia Jensen, ya se encuentra en trámite diplomático.
Para las autoridades, el objetivo no solo es el castigo penal, sino el cierre de las vulnerabilidades operativas. La mandataria destacó que el trabajo coordinado entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía, Aduanas y Pemex ha logrado frenar drásticamente la entrada de combustible ilícito, implementando mecanismos de trazabilidad estricta que exigen documentar el origen, transporte y destino final de cada gota de hidrocarburo, intentando con ello recuperar el control total de los recintos portuarios administrados por las fuerzas armadas.
