La administración republicana busca un fallo histórico que reinterprete la Enmienda 14 de la Constitución, desatando una batalla legal que podría redefinir los derechos civiles de millones de personas.
El presidente Donald Trump ha dado el paso definitivo para concretar una de las promesas más radicales y polémicas de su agenda migratoria. Este lunes, el Departamento de Justicia formalizó una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que el máximo tribunal revise y reinterprete la Enmienda 14 de la Constitución, buscando poner fin al derecho a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense.
La estrategia legal de la Casa Blanca se centra en desafiar la interpretación histórica de la frase constitucional “sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos”. Los abogados de la administración argumentan que los ciudadanos extranjeros que ingresan y permanecen en el país de manera irregular no deben ser considerados bajo la jurisdicción política plena de la nación y, por lo tanto, sus descendientes no deberían heredar de forma automática el estatus de ciudadanos. Este movimiento frontal busca revertir más de un siglo de jurisprudencia establecida desde finales del siglo XIX.
La ofensiva judicial ha provocado una respuesta inmediata y feroz por parte de organizaciones de derechos civiles, académicos y legisladores demócratas. Grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han calificado la medida como una aberración legal de tintes xenófobos. Defensores de los derechos humanos advierten que un fallo a favor del gobierno no solo despojaría de derechos fundamentales a millones de menores, sino que crearía una subclase permanente de personas marginadas e indocumentadas desde la cuna, complicando drásticamente el tejido social y económico del país.
El escenario para esta colosal batalla legal genera una profunda incertidumbre debido a la actual composición de la Corte Suprema. Con una sólida supermayoría conservadora —moldeada en gran medida por los nombramientos realizados por el propio Trump—, las organizaciones proinmigrantes temen que el tribunal esté dispuesto a romper con los precedentes históricos. Aunque algunos juristas de corte originalista han expresado en el pasado que el texto de la Enmienda 14 no deja margen de duda respecto al derecho de nacimiento, la maniobra del Ejecutivo pone a prueba la independencia y el rigor interpretativo de los magistrados.
Mientras la Corte delibera si acepta revisar el fondo del litigio en su actual periodo de sesiones, la mera presentación del recurso ya está generando un efecto de terror y parálisis en las comunidades inmigrantes a lo largo del país. La tensión en Washington se eleva a niveles críticos, anticipando un choque institucional que promete dominar el debate público durante este 2026 y que podría alterar para siempre la definición misma de lo que significa ser estadounidense.
