Por unanimidad, el máximo tribunal del país avaló revocar la protección federal al exgobernador de Tamaulipas, dejando la vía libre a la FGR para ejecutar su captura por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El panorama judicial para Francisco García Cabeza de Vaca ha dado un giro definitivo e irreversible. Este martes 24 de febrero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad revocar la sentencia de amparo que mantenía protegido al exgobernador de Tamaulipas, reactivando con ello la orden de aprehensión girada en su contra desde mayo de 2021 por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la sesión, las y los ministros del máximo tribunal votaron a favor de invalidar el escudo legal del exmandatario panista, avalando el sentido del proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. El dictamen concluyó que el juzgador de distrito que originalmente había otorgado el amparo se excedió en sus facultades jurisdiccionales al sustituir indebidamente al juez de control, realizando una valoración anticipada de los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR), una tarea que corresponde exclusivamente a las etapas probatorias del proceso penal.
Aunque la decisión de retirar la protección federal fue unánime, el debate en el Pleno reflejó matices técnicos importantes. La totalidad de los ministros presentes emitieron votos concurrentes, manifestando su acuerdo absoluto con la cancelación del amparo, pero expresando reservas o apartándose de la metodología específica y algunas consideraciones esgrimidas en el texto de la ponencia. No obstante, el efecto práctico de la votación es contundente: la justicia de la Unión ya no ampara ni protege a Cabeza de Vaca contra la acción penal.
Con este revés en la Suprema Corte, cobra vigencia inmediata el mandamiento judicial dictado por un Juez de Control Especializado adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El expediente central de la FGR sostiene que el político tamaulipeco participó en un esquema de triangulación de recursos millonarios a través de una empresa inmobiliaria, la cual presuntamente se habría beneficiado de jugosos contratos gubernamentales adjudicados de manera directa durante su administración.
La caída de este amparo deja a las autoridades federales con la vía legal completamente despejada. Dado que el exgobernador abandonó territorio nacional a finales de septiembre de 2022 y actualmente radica en Estados Unidos, especialistas jurídicos anticipan que la FGR procederá a reactivar de inmediato los mecanismos de cooperación internacional, lo que incluiría la emisión de una ficha roja ante la Interpol para formalizar su búsqueda global y solicitar su eventual extradición a México.
