Un juzgado de la Ciudad de México instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar los documentos de inteligencia elaborados en 2014 sobre el caso Ayotzinapa, en los que se registraron seguimientos a los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Raúl Isidro Burgos. La resolución señala que alrededor de 853 folios militares, generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Iguala y otras instancias castrenses, no han sido facilitados a las familias.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recordó que los padres de los estudiantes presentaron en agosto de 2023 una demanda para exigir la entrega de esos documentos, a los que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvo acceso parcial. La organización subrayó que la omisión de Sedena incumple el decreto presidencial de 2018 que obligaba a todas las dependencias a colaborar plenamente con la investigación.
El fallo reconoce el derecho de las familias a la verdad y establece que la información no puede clasificarse como confidencial, dado el interés público en esclarecer los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014. El Centro Prodh señaló que el ocultamiento arbitrario de documentos obligó a los padres a acudir a la justicia federal para superar los obstáculos en la investigación, la cual se ha visto supeditada a tiempos políticos y a la falta de voluntad para confrontar la opacidad militar.
La resolución judicial representa un paso relevante en el acceso a la información sobre el caso Ayotzinapa, considerado uno de los episodios más graves de violaciones a derechos humanos en México.
