Por segunda ocasión, una jueza federal instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a entregar de manera íntegra el expediente contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de participar en una red de huachicol fiscal vinculada a la Marina. La resolución, emitida por la jueza de control Mariana Vieyra Valdés, establece un plazo de 15 días hábiles para que la fiscalía informe por escrito la cantidad de tomos, anexos, cuadernillos y técnicas de investigación que integran la carpeta, además de garantizar acceso total a la defensa.
El caso, identificado bajo la causa penal 325/2025, involucra también al contralmirante Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante, ambos familiares del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La defensa legal, encabezada por el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, denunció que la FGR incumplió una orden previa de enero de 2026 al entregar la carpeta de forma fragmentada, pese a que entonces se había instruido transparentar los 20 tomos que integraban el expediente.
La nueva resolución obliga al Ministerio Público a citar a la defensa para cotejar los documentos originales con los testados, permitiendo acceso directo y acompañamiento de peritos particulares. Además, la jueza ordenó destrabar diligencias pendientes, como la emisión de oficios a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, que habían sido ignoradas.
El caso de huachicol fiscal, considerado el primer gran escándalo de corrupción que golpea directamente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, exhibió la operación de una red que controlaba aduanas y puertos bajo mando naval. La revelación de la presunta participación de altos mandos de la Marina puso en entredicho la narrativa de que la militarización de puertos garantizaría transparencia y combate a la corrupción.
La decisión judicial representa un avance en el acceso a la información y en la tutela de derechos de los acusados, pero también subraya la presión sobre la FGR para esclarecer un caso que compromete a una de las instituciones con mayor confianza ciudadana. El desenlace de este proceso será clave para medir la capacidad del sistema de justicia mexicano de enfrentar la corrupción dentro de las fuerzas armadas.
