Jueces y magistrados cesados por la reforma judicial protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir el pago de indemnizaciones y pensiones complementarias, argumentando que el incumplimiento afecta gravemente a más de 800 familias.
El 6 de marzo de 2026, integrantes del Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados se manifestaron en la Ciudad de México. Los jueces señalaron que, tras la entrada en vigor de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal, fueron separados de sus cargos sin que se les entregaran las prestaciones constitucionales correspondientes.
Los inconformes denunciaron que, pese a múltiples solicitudes, no han recibido ni las indemnizaciones ni las pensiones complementarias que les corresponden por ley. La falta de pago, dijeron, ha generado un impacto directo en la economía de sus familias, muchas de las cuales dependen de esos recursos para cubrir gastos básicos.
La reforma, presentada como una medida para combatir la corrupción y democratizar el poder judicial, provocó la salida de cientos de jueces y magistrados en todo el país. Sin embargo, especialistas han cuestionado la iniciativa al considerarla un ataque a la independencia judicial y un intento de concentrar poder en el Ejecutivo.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó previamente que solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una ampliación presupuestal de 6,500 millones de pesos para cubrir las indemnizaciones y prestaciones pendientes. No obstante, hasta ahora no se ha concretado el pago, lo que mantiene la tensión entre los jueces cesados y las autoridades.
La protesta frente a la Corte refleja el descontento de un sector del poder judicial que considera vulnerados sus derechos laborales y constitucionales. El desenlace de este conflicto será clave para evaluar la capacidad del Estado mexicano de garantizar un proceso de transición judicial sin afectar la estabilidad económica y social de quienes fueron separados de sus cargos.
En paralelo, la presión social y política aumenta para que el gobierno atienda las demandas de los jueces cesados, en un momento en que la reforma judicial sigue siendo uno de los temas más controvertidos en la agenda nacional.
