A más de dos décadas de haberse implementado las estrategias de militarización y combate frontal contra el narcotráfico, diversos expertos e informes internacionales coinciden en que la “guerra contra las drogas” en América Latina ha fracasado. En lugar de erradicar a las mafias, las políticas punitivas han provocado una expansión, fragmentación y diversificación sin precedentes del crimen organizado transnacional, consolidando a la región como la más violenta del planeta.
Los datos sobre seguridad hemisférica revelan la magnitud de esta crisis sistémica. Aunque América Latina y el Caribe albergan apenas al 8 por ciento de la población mundial, la región concentra históricamente cerca del 40 por ciento de los homicidios globales. Lejos de disminuir, la violencia letal se ha esparcido y exportado; países que hace una década se consideraban refugios pacíficos, como Ecuador o Costa Rica, hoy enfrentan tasas de asesinatos récord debido a la disputa territorial entre facciones locales y sus alianzas con grandes organizaciones de México y Colombia.
Especialistas en seguridad y centros de pensamiento señalan que el fracaso radica, en gran medida, en la estrategia de descabezamiento o focalización en los líderes de los cárteles (“Kingpin strategy”). La captura o abatimiento de los grandes capos no detuvo las operaciones ilícitas, sino que atomizó a los grupos criminales. Organizaciones de análisis advierten que el ecosistema criminal pasó de unas cuantas decenas de estructuras hegemónicas a principios de siglo, a cientos de facciones armadas operando en la actualidad. Al fragmentarse, estas células han diversificado agresivamente sus fuentes de ingresos, incursionando en la extorsión sistemática, el tráfico de migrantes, la tala clandestina y la minería ilegal.
El costo humano de esta confrontación es incuantificable y ha desgarrado el tejido social de múltiples naciones. Tan solo México acumula más de 400 mil homicidios y supera la barrera de las 110 mil personas desaparecidas desde que inició su guerra contra el narco en 2006. En paralelo, en el Triángulo Norte de Centroamérica, la violencia de las pandillas y la cooptación del Estado han detonado crisis de desplazamiento forzado, obligando a millones de personas a migrar hacia el norte buscando sobrevivir.
Ante este panorama de desgaste continuo, el debate actual en foros multilaterales y gubernamentales exige un golpe de timón. Las recomendaciones de la comunidad internacional apuntan a abandonar el enfoque exclusivamente militar para priorizar el desmantelamiento de las redes de lavado de dinero, el combate frontal a la corrupción política que protege a estas bandas y la urgente inversión social en las comunidades marginadas que hoy sirven como principal base de reclutamiento para el sicariato.
