A escasas semanas de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Berenice Giles y Miguel Rojas Hernández, los dos jóvenes fotógrafos que perdieron la vida trágicamente durante el festival musical Axe Ceremonia, sus familiares y defensores legales denunciaron públicamente una serie de maniobras judiciales diseñadas para obstaculizar el proceso penal. Los abogados acusan a las empresas organizadoras y de seguridad de promover tácticas dilatorias a través de amparos sistemáticos, logrando trabar la celebración de la audiencia inicial donde se formularían las imputaciones formales por homicidio.
El fatal incidente ocurrió el pasado 5 de abril de 2025 en las instalaciones del Parque Bicentenario, cuando una estructura metálica colapsó y golpeó mortalmente a ambos comunicadores mientras realizaban la cobertura periodística del evento para el medio independiente Mr Indie. A casi doce meses de los hechos, la representación legal de la familia de Miguel Rojas ha exigido a las autoridades judiciales la reactivación inmediata de la audiencia contra las tres personas morales involucradas —identificadas en el expediente judicial como Ocesa, Grupo Lobo y Operadora Eclectic—, así como contra ocho personas físicas señaladas como presuntas responsables de la negligencia en materia de protección civil.
El estancamiento del caso ha encendido las alertas de las víctimas indirectas sobre posibles actos de complicidad procesal. Los litigantes han expresado su inconformidad ante las recientes resoluciones del Poder Judicial, luego de que una jueza federal concediera suspensiones definitivas a favor de las corporaciones demandadas para frenar su comparecencia. Sumado a ello, la defensa de la familia Rojas Hernández ha evidenciado que la estrategia legal adoptada por la representación de la familia de Berenice Giles ha coincidido inusualmente con los argumentos de una de las empresas imputadas, resultando en una parálisis total del expediente.
Frente a la colocación de un contador público de “días sin justicia”, los familiares advirtieron que cada amparo concedido representa una extensión de la impunidad y un escudo protector para los consorcios del entretenimiento. Los afectados adelantaron que impugnarán los fallos emitidos por los juzgados locales y federales, reiterando que no cesarán en su exigencia hasta que los directivos y encargados de logística del festival enfrenten las consecuencias penales de una tragedia que, afirman, pudo haberse evitado con supervisiones adecuadas.
