Pese al discurso oficial que presume una reducción histórica en la incidencia delictiva, Tamaulipas enfrenta una crisis severa de credibilidad institucional que ha disparado la “cifra negra” a niveles alarmantes. De acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) elaborada por el INEGI, el 96.4 por ciento de los delitos cometidos en la entidad no fueron denunciados o no derivaron en la apertura de una carpeta de investigación, colocando al estado en el tercer lugar nacional con el mayor índice de impunidad judicial.
El informe estadístico revela que el silencio de los tamaulipecos no obedece a una ausencia de agravios, sino a una profunda fractura en la relación con el aparato de justicia. Las víctimas encuestadas señalaron que las principales razones para no acudir a las agencias del Ministerio Público o a la Fiscalía son atribuibles directamente al desempeño gubernamental, destacando la “pérdida de tiempo” y la abierta “desconfianza” hacia las autoridades. Este colapso operativo tiene un impacto financiero devastador: el documento oficial estima que el costo total a consecuencia de la inseguridad representó un golpe directo de 5 mil millones de pesos para los hogares del estado, obligando a las familias a invertir sus propios recursos en rejas, cerraduras y medidas preventivas.
La abrumadora cifra negra del 96.4 por ciento, que supera holgadamente la media nacional del 92.9 por ciento, pone en tela de juicio los reportes de paz celebrados por la administración estatal. Si bien el gobierno presume que Tamaulipas registra una tasa de apenas 16 mil 537 víctimas por cada 100 mil habitantes —posicionándose entre las más bajas del país—, los datos del propio INEGI evidencian que esta aparente pacificación estadística es en realidad un reflejo del hartazgo ciudadano. Delitos de alto impacto diario, como la extorsión y el fraude, son los que encabezan la lista de ilícitos silenciados en un estado donde la población ha optado por resignarse antes que lidiar con la burocracia penal.
