El Gobierno federal activó un operativo de emergencia a gran escala para intentar contener la crisis ambiental provocada por un derrame masivo de hidrocarburos que avanza por el Golfo de México. Un grupo interinstitucional conformado por más de 2 mil 450 elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex) y diversas dependencias ambientales fue desplegado a lo largo del litoral para ejecutar labores urgentes de limpieza y remediación. De acuerdo con el reporte oficial, las cuadrillas de trabajo han logrado retirar más de 430 toneladas de residuos contaminantes tanto de la superficie marítima como de las costas, abarcando la atención directa en más de 223 kilómetros de playas impactadas.+1
La movilización, calificada como una de las más grandes en tiempos recientes para un desastre ecológico de este tipo, concentra su fuerza operativa en puntos estratégicos de Veracruz, Tabasco y Tampico, Tamaulipas. La Marina encabeza la estrategia con mil 700 efectivos apoyados por embarcaciones y aeronaves para el monitoreo de la mancha, mientras que Pemex ha sumado a 700 trabajadores distribuidos en 29 frentes de trabajo terrestres, respaldados por un presupuesto emergente de 217 millones de pesos, el uso de tres radares satelitales y cinco helicópteros de mitigación. Pese al robusto estado de fuerza, organizaciones ambientalistas y pescadores advierten que el contaminante ya se extendió por más de 630 kilómetros de costa, asfixiando ecosistemas arrecifales y paralizando la economía pesquera en la víspera de la temporada vacacional.+1
Mientras las brigadas intentan frenar el avance del chapopote, la identidad de los responsables del ecocidio se mantiene en la opacidad. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró públicamente que las indagatorias preliminares apuntan a una embarcación perteneciente a una empresa privada como causante de la fuga, exonerando a Pemex de la culpa directa; sin embargo, admitió que la compañía infractora aún no ha sido identificada formalmente. Ante la falta de respuestas claras, colectivos civiles y legisladores de oposición exigen la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y demandan la creación de un fondo económico a fondo perdido para rescatar a las miles de familias costeras que han perdido su único sustento.
