A más de cinco años del feminicidio de la joven Grace Manneth, familiares, amigos y colectivos tomaron las calles de Altamira para exigir la revocación inmediata del amparo que permite a su asesino cumplir una condena de 40 años bajo la figura de arraigo domiciliario. La manifestación pacífica, encabezada este miércoles 25 de marzo por Gregoria Pérez Morales, madre de la víctima, denunció la impunidad y las graves fallas del sistema de procuración de justicia que mantienen al sentenciado fuera de prisión, vulnerando el derecho a una reparación integral para la familia afectada desde aquel trágico 21 de diciembre de 2020.
Durante la movilización, los inconformes expuso la profunda incertidumbre y el temor con el que viven, al señalar que no existe garantía ni certeza de que se esté cumpliendo con la supuesta vigilancia policial continua en el domicilio del agresor. Además de la exigencia de traslado inmediato a un centro penitenciario estatal, el contingente demandó el cumplimiento efectivo de las medidas dictadas en la más reciente actualización del caso, las cuales obligan al feminicida a cubrir un pago superior a los 165 mil pesos por concepto de indemnización y gastos funerarios, así como garantizar 24 terapias psicológicas para las víctimas indirectas.
La protesta también puso en el centro del reclamo la seguridad de las dos hijas de Grace, de 12 y 6 años de edad —esta última, hija en común con el agresor—, quienes quedaron en la orfandad y para las cuales se solicitó protección oficial urgente. Tras la presión social ejercida al exterior de las dependencias, la señora Gregoria Pérez fue atendida y logró concretar una audiencia con una magistrada para este jueves 26 de marzo en la Ciudad Judicial, advirtiendo que, de no obtener una orden de encarcelamiento definitivo, las movilizaciones sociales escalarán hasta las últimas consecuencias.
