La política exterior mexicana ha elevado su nivel de exigencia frente a Estados Unidos luego de confirmarse el fallecimiento de un ciudadano mexicano al interior del centro de procesamiento migratorio de Adelanto, California, instalación operada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes la implementación de una estrategia integral de reclamo institucional que trasciende las vías diplomáticas tradicionales para abordar una crisis humanitaria que, hasta la fecha, acumula 14 decesos de connacionales bajo custodia en territorio estadounidense.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal dejó en claro que la respuesta del Estado mexicano no se limitará a la emisión de notas diplomáticas de extrañamiento. Como primera línea de acción, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sido instruida para entablar un diálogo directo y de alto nivel con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson. Este encuentro busca plantear una revisión exhaustiva de las condiciones operativas y protocolos de atención médica en las instalaciones de retención migratoria.
En el ámbito jurídico y legislativo, el gobierno mexicano desplegará una ofensiva paralela. Se confirmó la participación oficial de México, mediante la figura legal de amicus curiae, en una demanda interpuesta desde enero contra las autoridades migratorias estadounidenses. Asimismo, la SRE iniciará el envío de misivas dirigidas a legisladores en Washington para denunciar formalmente las severas deficiencias estructurales en el acceso a la salud dentro de los centros del ICE. A esta presión institucional se sumará la propuesta para que la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, exhorte por escrito a su contraparte estadounidense a intervenir en la problemática, complementada con la búsqueda de un acercamiento con Rob Bonta, fiscal general de California.
El despliegue de la Cancillería en el terreno también contempla el acompañamiento directo a las víctimas. Se han programado reuniones entre representantes consulares, familiares de los fallecidos en el centro de Adelanto y la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes. De acuerdo con datos del Consulado General de México en Los Ángeles, tan solo en su área metropolitana de jurisdicción se han registrado cuatro de las catorce muertes contabilizadas. El último caso, que detonó esta nueva escalada de reclamos, ocurrió el pasado 25 de marzo, y sus detalles serán expuestos en una conferencia de prensa en suelo californiano con presencia de los deudos.
Para coronar esta estrategia de presión internacional, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, confirmó que México llevará el caso ante la máxima instancia continental en la materia. Se solicitará formalmente una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de exhibir y documentar el patrón de negligencia y las condiciones que derivan en el fallecimiento de personas migrantes en los centros de detención operados por el gobierno de Estados Unidos.
