El recrudecimiento del conflicto armado en Medio Oriente fracturó la estabilidad energética y financiera de México, arrastrando al país hacia un repunte inflacionario que alcanzó el 4.63 por ciento durante la primera quincena de marzo, la cifra más alta registrada desde octubre de 2024. La escalada de violencia disparó la cotización de la mezcla mexicana de exportación en un 100 por ciento, pasando de 53.58 dólares por barril en enero a 107.2 dólares al cierre de la primera semana de abril, un margen de ganancia internacional que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha logrado capitalizar debido a la reducción sistemática de sus volúmenes de venta al exterior.
El encarecimiento del crudo impactó directamente el tabulador nacional de combustibles de alto octanaje. Mientras el gobierno federal sostiene artificialmente el costo de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos mediante un frágil pacto de contención con el sector gasolinero, la gasolina Premium rompió la barrera comercial al registrar un salto de 25.81 pesos a inicios de año hasta los 28.99 pesos por litro. Este desfase tarifario recae de manera directa sobre los usuarios y exhibe la vulnerabilidad del esquema de subsidios gubernamentales ante la volatilidad de los mercados globales.
La principal amenaza para la macroeconomía nacional radica en el costo del diésel. El andamiaje federal opera a marchas forzadas para consolidar un tope de 28.30 pesos por litro en este hidrocarburo, el cual resulta vital para la movilización de 590 millones de toneladas de mercancía anuales, equivalentes al 79 por ciento de la carga total en el país. Los análisis técnicos advierten que la viabilidad técnica y financiera de estos pactos de estabilización dependerá exclusivamente de la duración de la guerra en Medio Oriente, dejando la cadena de suministro de México expuesta a un inminente colapso de precios.
