La Contraloría Gubernamental del Estado formalizó la presentación de 28 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, derivadas de la detección de anomalías financieras y administrativas en la gestión de recursos públicos. El reporte técnico establece que estas acciones legales representan la primera fase resolutiva de un universo de 4 mil expedientes que actualmente se encuentran bajo un proceso de auditoría y escrutinio documental, orientados a fincar responsabilidades directas sobre la sustracción de capital estatal.
Los dictámenes de fiscalización integrados en las carpetas de investigación documentan diversas irregularidades operativas, destacando inconsistencias en la adjudicación de contratos y la ejecución de cobros ilegales por concepto de sueldos, bonos y compensaciones no justificadas por parte de exservidores públicos. La estructuración probatoria de estas denuncias requirió la validación de peritajes contables precisos que acreditan el margen de afectación al erario. La dependencia estatal mantiene un protocolo de revisión sistemática para procesar el volumen restante de expedientes, focalizando el análisis en las secretarías que concentraron el mayor porcentaje del presupuesto.
La judicialización de este primer bloque de denuncias activa los mecanismos penales correspondientes para requerir la comparecencia y eventual vinculación a proceso de los imputados. La normatividad institucional obliga a los órganos de procuración de justicia a desahogar las diligencias bajo estricto rigor técnico, omitiendo cualquier margen de discrecionalidad. El volumen de investigaciones en curso exige a la administración estatal sostener la precisión en la integración de la evidencia, condición indispensable para garantizar que los procedimientos sancionatorios cumplan con el marco de legalidad y permitan la restitución de los fondos vulnerados.
