La presidenta respaldó la intervención del gobierno de Tamaulipas para desmantelar los centros de adiestramiento civil, subrayando que la integridad de los menores es prioridad de Estado.
La titular del Ejecutivo federal emitió un posicionamiento de respaldo absoluto hacia las acciones ejecutadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades tamaulipecas. Durante su intervención, dejó claro que el Estado mexicano no puede tolerar la existencia de instituciones que operan bajo esquemas de opacidad y que, amparadas en una falsa promesa de disciplina formativa, vulneran la seguridad física y psicológica de las infancias. Este espaldarazo legitima el despliegue interinstitucional que derivó en la inhabilitación definitiva de dichos espacios en la entidad.
El pronunciamiento presidencial surge como una respuesta institucional ante la presión social desencadenada por el caso Dafne en Ciudad Madero. La mandataria reconoció que este episodio destapó una grave red de negligencia, donde presuntos campamentos funcionaban en la clandestinidad administrativa, sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ni protocolos de contingencia. Para el gobierno federal, esta tragedia marca una línea roja que obliga a los tres órdenes de gobierno a redoblar la fiscalización sobre cualquier figura legal que busque replicar estos métodos en otras regiones del país.
En su análisis del conflicto, se hizo un llamado urgente a revisar los vacíos en el marco normativo que propiciaron la proliferación de estos centros seudomilitares. Se advirtió que los procesos de formación y educación dirigidos a menores de edad deben ceñirse estrictamente a los lineamientos pedagógicos del Estado, garantizando en todo momento una perspectiva de derechos humanos. La intervención en Tamaulipas, señaló, debe sentar un precedente nacional para auditar y erradicar cualquier centro que opere al margen del sistema educativo oficial.
Más allá de la sanción administrativa y la clausura de los inmuebles, el mensaje federal apuntó directamente hacia la procuración de justicia. Se hizo un exhorto tácito a las fiscalías para que integren carpetas de investigación sólidas, capaces de fincar responsabilidades penales contra los dueños y operadores de estos establecimientos. Con este alineamiento entre la federación y la administración estatal, se envía una señal inequívoca de cero impunidad frente a los abusos cometidos bajo la fachada del entrenamiento civil.
