WASHINGTON.— Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos presentaron una denuncia legal contra el FBI por implementar labores de vigilancia, seguimiento e interrogatorios dirigidos a activistas que protestaron pacíficamente contra las políticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
La querella sostiene que la agencia federal de investigación recurrió a recursos de inteligencia y seguridad nacional para vigilar a personas y colectivos cuyo único actuar fue congregarse frente a centros de detención migratoria para rechazar redadas, arrestos y deportaciones masivas. De acuerdo con los promoventes del recurso, estas prácticas vulneran garantías constitucionales básicas consagradas en la Primera y Cuarta Enmienda, tales como la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y la protección frente a intromisiones arbitrarias de las autoridades.
Los documentos aportados en la acusación detallan que diversos manifestantes detectaron patrullajes inusuales, tomas de fotografías en manifestaciones públicas y requerimientos de información dirigidos hacia su entorno personal y laboral por parte de agentes del orden federal. Los denunciantes argumentan que no existían indicios objetivos de comisión de delitos ni amenazas creíbles al orden público que justificaran la apertura de carpetas de seguimiento o tareas de recolección de datos sobre los involucrados.
Representantes legales que impulsan la acción jurídica manifestaron que el uso de tácticas invasivas genera un efecto inhibidor sobre la participación ciudadana, disuadiendo a la población de ejercer su derecho a la protesta por temor a represalias o a quedar fichados en registros policiales. Asimismo, subrayaron que las discrepancias políticas con las directrices operativas del ICE no pueden ser empleadas como causal de sospecha criminal para desplegar aparatos de contraespionaje o monitoreo interno sobre organizaciones comunitarias.
El litigio solicita a los tribunales federales que ordenen la suspensión inmediata de las actividades de vigilancia contra manifestantes pacíficos, la entrega de copias de los informes recabados sobre los afectados y la clarificación de los protocolos bajo los cuales el FBI asigna agentes para monitorear movilizaciones ciudadanas, a fin de asegurar que las facultades de las agencias de seguridad no deriven en mecanismos de persecución ideológica.
