CIUDAD DE MÉXICO.— Pese a los presupuestos etiquetados y las reformas legales de los últimos años, los programas públicos orientados a erradicar la violencia de género en el país siguen operando con vacíos estructurales que impiden reducir los feminicidios y las agresiones cotidianas contra las mujeres.
Especialistas, colectivas y organizaciones civiles han señalado que la persistencia de las agresiones responde a una brecha recurrente entre el diseño de las políticas institucionales y su implementación operativa en el territorio. Aunque formalmente existen leyes avanzadas y mecanismos de protección, la falta de coordinación interinstitucional, la carencia de capacitación con perspectiva de género en ministerios públicos y la insuficiencia presupuestal para refugios dejan desprotegidas a miles de víctimas cuando intentan romper los ciclos de violencia.
En el ámbito de la procuración de justicia, el rezago histórico de las fiscalías locales continúa siendo uno de los mayores cuellos de botella del sistema. La reclasificación indebida de feminicidios como homicidios culposos o dolosos, la pérdida de pruebas periciales durante las primeras horas de investigación y la revictimización sistemática en las agencias ministeriales provocan que la inmensa mayoría de las carpetas de investigación queden archivadas o inconclusas, perpetuando índices de impunidad que superan el noventa por ciento en este tipo de delitos.
A este panorama se suma la fragilidad con la que operan los mecanismos de alerta de género en diversos estados de la República. Concebidos originalmente como herramientas emergentes para articular respuestas de choque ante aumentos críticos de violencia feminicida, estos instrumentos han terminado burocratizándose en comisiones de seguimiento sin plazos perentorios ni sanciones para los gobiernos locales que incumplen con las recomendaciones emitidas, diluyendo su efectividad preventiva.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos recalcan que las estrategias centradas únicamente en el endurecimiento de penas corporales han demostrado ser insuficientes si no van acompañadas de un fortalecimiento integral de las redes de apoyo comunitario, autonomía económica y atención psicosocial sostenida. Mientras las políticas de Estado continúen respondiendo de forma reactiva tras la comisión de los crímenes en lugar de desactivar los factores estructurales y de riesgo previo, el acceso efectivo de las mujeres a una vida libre de violencia seguirá siendo una deuda pendiente en México.
