CIUDAD DE MÉXICO.— El Senado de la República aprobó una reforma legal que prohíbe a las empresas realizar llamadas comerciales o de cobranza sin la autorización previa y expresa de los usuarios, fijando severas multas económicas para las compañías y centros de contacto que infrinjan la privacidad de los consumidores.
El dictamen modifica disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objetivo de frenar el acoso publicitario sistemático al que se enfrentan diariamente millones de líneas fijas y móviles en todo el país. Con esta resolución parlamentaria, se invierte la lógica del esquema vigente: en lugar de que el ciudadano deba registrarse en listados de exclusión para evitar ser contactado, las compañías ahora tendrán prohibido entablar comunicación promocional a menos que cuenten con el consentimiento inequívoco, previo e informado de la persona titular de la línea.
Las modificaciones aprobadas establecen que el consentimiento no podrá obtenerse a través de cláusulas abusivas, textos premarcados en contratos de adhesión ni condicionamientos para la adquisición de otros bienes o servicios. De igual forma, los usuarios tendrán el derecho permanente de revocar cualquier autorización otorgada con anterioridad a través de procedimientos sencillos, gratuitos e inmediatos, debiendo las empresas actualizar sus bases de datos en plazos perentorios para cesar las comunicaciones.
El marco normativo contempla además sanciones monetarias de gran escala que serán impuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor a aquellas entidades mercantiles, financieras o despachos de cobranza externa que pasen por alto la disposición. Las multas se incrementarán de manera exponencial en caso de reincidencia o si se comprueba el uso de marcadores telefónicos automatizados y tecnologías de inteligencia artificial para realizar llamadas masivas no solicitadas.
Durante la discusión en el pleno senatorial, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que la medida responde a un reclamo social largamente ignorado frente a prácticas comerciales invasivas que alteran la tranquilidad familiar y facilitan esquemas de fraude. Tras su votación favorable, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para su respectivo análisis y eventual ratificación legislativa.
