Por Jorge Gonzalez
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El número de desaparecidos sin localizar en Tamaulipas durante los cinco años del Gobierno actual, está en camino a igualar el total de registrados durante el período de 2006 al 2015.
En los últimos cinco años son 4 mil 550 personas desaparecidas que se mantienen a la fecha sin localizar en el estado; 3 mil 432 son hombres, mil 116 mujeres y dos indeterminado.
Los cinco principales municipios que reportan más desapariciones son: Nuevo Laredo mil 078, Reynosa mil 067, Matamoros 786, Victoria 340 y Tampico 243.
En los diez meses que van de este año son 223 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 164 son hombres y 59 mujeres, que de acuerdo al rango de edades, el 40 por ciento de las víctimas oscila en los 20 a 29 años.
Del primero de enero de 2006 al día último de 2015, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) enlista 5 mil 788 desapariciones, los siguientes cinco años casi iguala la cifra de lo que se registró en diez.
Para atender esta situación y que ninguna persona ocupe otro número más de esa cifra, un grupo de familiares de desaparecidos asistieron al Congreso del Estado con la exigencia a las y los legisladores, de modificar las leyes en este tema.
Guillermo Gutiérrez Riestra, representante del Colectivo de Familiares y Amigos Desaparecidos de Tamaulipas, extendió las peticiones de las familias de las víctimas al presidente del Poder Legislativo, Armando Zertuche Zuani.
Dos de estas solicitudes son: que el titular de la Comisión Estatal de Víctimas no sea designado por el Ejecutivo Estatal, sino que sea autónomo y que esté dirigido por un integrante de los colectivos, dado a que son los que viven de cerca esta situación.
Así como hacer cumplir al Estado con el programa denominado “Nuestros Niños, Nuestro Futuro”, que de acuerdo a las familias de desaparecidos, los han dejado fuera desde hace años.
Este programa se sustenta por las aportaciones que realizan los funcionarios al servicio del Estado y la Sociedad Civil, coadyuvando esfuerzos para la reconstrucción del tejido social en el Estado.
