Por Jorge Gonzalez
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Además del Ayuntamiento de Matamoros, también el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de ese Municipio generó observaciones por falta de justificación del gasto del recurso público correspondiente al ejercicio fiscal 2020 ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).
De acuerdo al informe presentado por la ASE el pasado 18 de febrero 2022 ante el Congreso de Tamaulipas, la auditoría con número PAA-A-031-2021 tipo financiera y de cumplimiento aplicada al DIF Matamoros, obtuvo un total de 28 observaciones; 27 de gestión financiera y una recomendación.
Del total de las 28 observaciones que no tuvieron soporte, únicamente la entidad fiscalizada logró solventar 11, dejando 17 pendientes que obtuvieron como resultado 16 promociones de responsabilidad administrativa que ascienden al monto de 4 millones 899 mil 799.55 pesos.
“La entidad fiscalizada proporcionó a esta Auditoría las justificaciones, aclaraciones, documentación mediante el oficio número DG-115/21 el 8 de diciembre de 2021, mismas que fueron valoradas conforme a la normatividad con la finalidad de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados, sin embargo la entidad fiscalizada no aportó elementos suficientes para atender las observaciones determinadas como no solventadas”.
Algunos de los rubros que fiscalizó la ASE al DIF son: constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se contrataron y recibieron en los términos autorizados, si se aplicaron con la periodicidad y forma establecida por las leyes; verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro de contabilidad gubernamental: contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, destino, afectación, enajenación y demás aplicable al ejercicio del gasto público.
“Con base a la información y documentación examinada que fue proporcionara por la entidad sujeta de fiscalización, se concluye que el resultado de la fiscalización derivó en 36 observaciones no solventadas, cuya acción en caso de no solventar los resultados obtenidos de los procedimientos de auditoría aplicados, ameritarán acciones subsecuentes en los términos de la legislación vigente aplicable”.
