Ciudad Victoria, Tamps.- En los escasos cinco meses que duró la llamada “Casa del Pueblo” derrochó en contratos innecesarios de asesorías y consultorías que minaron las finanzas del organismo al grado de tener al Palacio Legislativo operando sin servicios básicos como el internet. El presupuesto del Congreso de Tamaulipas en el 2021 fue de 194 millones de pesos, del cual esta administración operó la cuarta parte, es decir, casi 50 millones de pesos.
Los supuestos servicios contratados por el área de Servicios Administrativos y Financieros, que fue asignada por el diputado Armando Zertuche a un ingeniero agrónomo sin experiencia en administración financiera ni pasado morenista; son de asesoría, contabilidad, fumigación, sanitización, servicios para la red de voz y datos, ente otros.
Una de las empresa con las que celebró contratos es Consultores Mata, Mata & Asociados S.C y en una búsqueda rápida arrojó que está representada legalmente por Juan José Mata Martínez y presenta diversas inconsistencias; de acuerdo a la plataforma de transparencia del Congreso local, en el último trimestre del 2021 dicha sociedad ni siquiera forma parte del padrón de proveedores del Poder Legislativo.
De cuatro empresas en las que es socio el representante, solo tres aparecen constituidas ante la Secretaría de Economía, dos en Tampico y una en Monterrey, excepto Consultores Mata, Mata & Asociados, de ésta no hay dato público electrónico en el Registro del Comercio.
Esta empresa justificaba los servicios a brindar como capacitación en la operatividad y funcionamiento del Congreso, lo que corrobora la imagen de inexperiencia que la fugaz administración de Morena dejó en la operación de las diferentes áreas.
La llamada casa del pueblo ignoró una de las primeras iniciativas presentadas en el Senado de la República por Morena que busca evitar el despilfarro de recursos a través de consultoras y asesorías.
Actualmente la Ley de Adquisiciones del Estado de Tamaulipas en su artículo 65 numeral X que a la cita menciona:
“Bajo su responsabilidad, la Secretaría, las dependencias y entidades estatales y los Ayuntamientos, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos o servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, en estos casos el prestador del servicio presentará previamente y por escrito, una propuesta económica y rendirá por escrito, un informe de los servicios realizados, los cuales deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o la entidad estatal o municipal correspondiente”
Lo anterior, obliga a que las empresas contratadas bajo este esquema a entregar un informe de servicios realizados por escrito que deben ser autorizados por el responsable, a la fecha de esta publicación no ha sido posible encontrar dicho documento firmado.
