Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió tres controversias constitucionales que enfrentaron a sus integrantes en torno al acceso a datos públicos de funcionarios. El debate giró en torno a si la Fiscalía General de la República (FGR) debía entregar información sobre cargos, sueldos y adscripciones de personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Aunque parte de esos datos ya circulaban en medios y comunicados oficiales, la FGR argumentó que su difusión ponía en riesgo el funcionamiento institucional. La mayoría del Pleno no coincidió: seis ministros votaron a favor de los proyectos presentados por Loretta Ortiz Ahlf, mientras tres se pronunciaron en contra.
Entre quienes rechazaron la propuesta estuvo Sara Irene Herrerías, quien hizo su primera intervención extensa como ministra. Apeló a la “teoría del mosaico” para advertir que la suma de datos aparentemente inofensivos puede exponer a funcionarios en contextos de violencia. “Estoy de acuerdo, igual, con lo que comenta la Ministra Loretta, de la importancia del derecho a la información y a la transparencia, pero creo que el derecho a la vida es más importante…”, expresó.
Yasmín Esquivel y María Estela Ríos respaldaron esa postura. Ambas señalaron que revelar nombres y funciones de personal en áreas sensibles puede facilitar ataques o amenazas, por lo que el Estado debe priorizar la protección de quienes enfrentan riesgos derivados de su labor.
En contraste, Ortiz Ahlf defendió que el artículo 6° de la Constitución garantiza el derecho a la información, esencial para la vigilancia ciudadana sobre el uso de recursos públicos. “¿Quiénes están obligados a garantizar los derechos fundamentales? El Estado, es el Estado, no es otra entidad”, subrayó.
Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero coincidieron en que la transparencia debe aplicarse de forma transversal. Advirtieron que negar datos ya públicos debilita el derecho ciudadano a conocer cómo opera la Fiscalía, y que no se acreditó un riesgo real que justificara la reserva.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, también respaldó el proyecto. Señaló que la información solicitada ya había sido legitimada por la propia FGR, por lo que “no parece que afecte el funcionamiento” de la institución. Lenia Batres agregó que conocer nombres y salarios es indispensable para vigilar el cumplimiento de límites constitucionales en materia de remuneraciones.
Sin embargo, en una tercera controversia (314/2024), la Corte sí dio la razón a la Fiscalía. En ese caso, se protegieron nombres de personal administrativo que había tenido acceso directo a información operativa y estratégica. La ministra Ortiz Ahlf reconoció que divulgar esos datos implicaba un riesgo sistémico.
El proyecto concluyó que la FGR demostró un vínculo entre la revelación de nombres y un posible daño institucional. Al correlacionarse con otros datos, se incrementa el riesgo de extorsión, amenazas o contrainteligencia criminal. La Fiscalía, como sistema interconectado, puede verse afectada si se vulnera uno de sus eslabones.
