La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar un conflicto legal que lleva cinco años sin resolverse: la disputa por terrenos en Santa Fe entre la Fiscalía General de la República (FGR) y varias empresas privadas.
Este miércoles, seis de los once ministros votaron a favor de atraer el caso, bajo el expediente 235/2025. La solicitud fue hecha por la FGR en junio, con el objetivo de que la Corte determine si los predios pertenecen a la nación o a particulares. La Fiscalía acusa a los ocupantes de delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.
Los ministros Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González y Giovanni Figueroa Mejía votaron en contra de que el caso fuera atraído.
Según la FGR, los terrenos fueron expropiados por el gobierno en dos momentos: en 1907, bajo decreto de Porfirio Díaz, y en 1974, durante el mandato de Luis Echeverría. Ambos decretos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Por su parte, la empresa Inmobiliaria F4, S.A. de C.V. sostiene que los terrenos dejaron de formar parte del patrimonio federal en diciembre de 2018, también mediante un decreto oficial.
El conflicto comenzó en octubre de 2020, tras una denuncia anónima que señalaba la venta irregular de terrenos federales en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, en la colonia Palo Alto, alcaldía Álvaro Obregón.
La FGR inició una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada, y en 2022 amplió las acusaciones para incluir uso indebido del servicio público y violaciones a la Ley de Bienes Nacionales. En febrero de 2024, ordenó el aseguramiento de parte del predio.
Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la jueza Paloma Xiomara González González otorgó un amparo a las empresas involucradas, lo que impidió a la FGR tomar posesión del terreno. La jueza basó su decisión en un decreto de 2018 que autorizó la regularización de dos fracciones del predio a favor de Juana Reséndiz Vázquez. También concluyó que el aseguramiento no estaba debidamente justificado, lo que violaba el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La FGR impugnó esa resolución y el caso sigue pendiente en un tribunal colegiado. Mientras tanto, pidió a la SCJN que lo resuelva de forma definitiva.
