La Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Tampico cerró oficialmente sus puertas tras resolver más de 7 mil expedientes laborales, algunos con más de dos décadas de antigüedad. El cierre forma parte de una reestructuración nacional derivada de la reforma laboral iniciada en 2017.
Juan Carlos Ley Fong, quien encabezó la dependencia hasta su extinción, explicó que desde octubre de 2022 se recibieron 8,200 casos. Hoy, solo quedan 1,200 pendientes, que serán atendidos por la Junta de Conciliación en Ciudad Victoria. También queda por resolver una revisión contractual con emplazamiento a huelga en Comapa.
“En tiempo récord abatimos el rezago, de los 8 mil 200 expedientes que recibimos, dejamos 1,200 pendientes. Algunos casos tenían hasta 25 años de antigüedad, no por negligencia, sino por efectos de los amparos. Afortunadamente, el 65% de los asuntos que resolvimos fueron por conciliaciones, gracias a un cambio de actitud entre litigantes, trabajadores, sindicatos y patrones”.
Además, se atendieron 12 expedientes relacionados con huelgas, algunos previstos para años futuros. Ninguna huelga estalló, lo que, según Ley Fong, refleja un ambiente laboral estable en la región.
La Junta de Tampico operaba como instancia central, apoyada por dos Juntas Especiales. Tras el Decreto 66-450 publicado en el Periódico Oficial del Estado, se anunció la desaparición de la Junta Local y la Especial Número 2. La Junta Especial Número 1 continuará desahogando audiencias en el edificio Melik, aunque ahora dependerá de Ciudad Victoria.
Un equipo de 40 trabajadores con experiencia promedio de 15 años —algunos con más de 20— seguirá atendiendo los casos restantes. En tres años, solo se registraron cinco quejas contra el personal, ninguna por corrupción. “No se permitió al personal aceptar ni un refresco del público que acudió a realizar cualquier trámite”, aseguró Ley Fong.
Los bienes materiales, archivos y recursos de la Junta serán transferidos a la sede en Victoria, que deberá garantizar la continuidad del servicio. El funcionario recomendó a quienes tengan asuntos pendientes que concluyan su conciliación lo antes posible: “porque les sale más económico, después existe la posibilidad de que les vayan a mandar sus expedientes a otra parte del país, ya hay antecedentes”.
Este cierre se enmarca en la reforma laboral que modificó el artículo 123 constitucional en 2017 y fue reforzada por cambios legales en mayo de 2019.
