La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido intervenir en uno de los casos más polémicos del ámbito político y judicial reciente: el proceso contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y lavado de dinero.
¿Qué está en juego?
Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la SCJN resolvió ejercer su facultad de atracción para revisar el amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el ex mandatario A. La decisión implica que será la Corte —y no un tribunal colegiado— quien determine si debe ejecutarse el mandamiento judicial.
La orden de captura fue emitida en octubre de 2022 por un juez federal en el Estado de México, tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, en diciembre de 2023, la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín amparó a Cabeza de Vaca y ordenó cancelar la orden, argumentando que no se acreditaban los delitos imputados B.
¿Qué dice la defensa?
El equipo legal del ex gobernador, encabezado por los despachos Ruiz Durán SC y Coello Trejo & Asociados, sostiene que su cliente es “inocente” y víctima de una “persecución política”. Afirman que tres resoluciones distintas han coincidido en que no hay elementos para sostener las acusaciones B.
¿Cuáles son los señalamientos?
Según el expediente judicial, la FGR acusa a Cabeza de Vaca de haber favorecido a empresas vinculadas a sus intereses —como Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas y Barca de Reynosa— mediante contratos de obra pública por más de 105 millones de pesos. Uno de los coimputados, Baltazar Higinio Reséndez Cantú, figura desde 2008 en la lista de vigilancia del Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntas operaciones sospechosas de lavado de dinero A.
La Corte deberá analizar si el amparo concedido fue correcto o si debe reactivarse la orden de aprehensión. El caso pone a prueba los límites entre justicia, política y transparencia institucional.
