La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las escuelas del Sistema Educativo Nacional pueden solicitar suspensiones judiciales para evitar, de forma provisional, la aplicación de los lineamientos que restringen la venta y distribución de comida chatarra en los planteles.
La decisión, aprobada por unanimidad, se basa en un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien propuso zanjar la contradicción de criterios sobre si las instituciones educativas —y no solo los comerciantes— pueden impugnar estas normas. Con ello, se abre la posibilidad de que las escuelas interpongan amparos para suspender los lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 30 de septiembre de 2024.
Estos lineamientos buscaban limitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a productos ultraprocesados en el entorno escolar, como parte de una estrategia nacional contra la obesidad infantil. Sin embargo, con esta resolución, los planteles podrán alegar afectaciones administrativas o económicas para solicitar su inaplicación temporal.
La medida ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores educativos celebran la autonomía para decidir sobre su operación interna, organizaciones de salud pública advierten que esto podría debilitar los esfuerzos por mejorar la nutrición escolar y proteger el derecho a una alimentación saludable.
