El proyecto de la ministra Ríos González se enmarca en la acción de inconstitucionalidad 73/2019, presentada tras la eliminación del artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la CDMX en 2019. Dicho artículo incorporaba estándares internacionales que prohibían los desalojos forzosos y garantizaban medidas como indemnización, realojamiento y uso de la fuerza pública solo como último recurso.
La propuesta de la ministra plantea que los desalojos ordenados judicialmente, con respeto al debido proceso y derecho de audiencia, no deben considerarse forzosos, y que las personas afectadas podrían acceder a programas de vivienda del gobierno capitalino.
Argumentos de la ministra:
Mandato judicial obligatorio: Ningún desalojo podría realizarse sin orden debidamente fundada y motivada.
Derecho de audiencia: Se asegura el respeto al debido proceso conforme a la Constitución.
Mediación y conciliación: Las autoridades tendrían que procurar acuerdos antes de ejecutar un desalojo.
Acceso a programas de vivienda: Los afectados podrían solicitar apoyo en renta o incorporación a proyectos habitacionales.
La Coalición Internacional para el Hábitat de América Latina y colectivos vecinales consideran que la propuesta es insuficiente y “superficial”, pues deja sin protección explícita a miles de personas en riesgo de perder su vivienda. Señalan que la eliminación del artículo 60 fue una medida regresiva y que su restablecimiento en la versión original es clave para garantizar derechos humanos.
Además, advierten que la validación del artículo en su forma actual podría legalizar desalojos arbitrarios, debilitando políticas públicas recientes como el apoyo de renta y el protocolo de desalojos con enfoque de derechos humanos impulsados por el gobierno capitalino.
En 2019, el Congreso de la CDMX eliminó el artículo 60, lo que motivó la acción de inconstitucionalidad.
La CNDH también impugnó la reforma, al considerar que vulneraba el principio de progresividad de los derechos humanos.
La decisión de la Suprema Corte podría sentar un precedente nacional sobre el alcance del derecho a la vivienda y la protección frente a desalojos.
El debate refleja la tensión entre propiedad privada y derecho a la vivienda digna. Mientras la ministra defiende que el marco legal garantiza procesos justos, las organizaciones sociales insisten en que se requiere una protección más robusta para evitar que familias vulnerables queden en situación de calle.
La resolución del próximo lunes será determinante para definir el rumbo de la política de vivienda en la capital y el equilibrio entre derechos humanos y seguridad jurídica.
