El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer este 30 de enero de 2026 un nuevo lote de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual de menores y con vínculos con figuras políticas y empresariales de alto perfil. Se trata de más de tres millones de páginas, miles de videos y alrededor de 180 mil imágenes que habían quedado fuera de la primera entrega realizada en diciembre pasado.
La publicación responde a la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada por el Congreso tras meses de presión pública y política para que se revelara lo que el gobierno sabía sobre los abusos cometidos por el magnate y sus conexiones con personas influyentes. El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, explicó que esta nueva divulgación busca cumplir con la obligación legal de dar acceso completo a los registros, sin censura en las imágenes y videos incluidos.
Entre los documentos se encuentran testimonios, registros financieros, comunicaciones internas y material audiovisual que podrían arrojar más luz sobre la red de explotación sexual que Epstein operó durante años. La magnitud de la publicación ha generado expectativa en medios y organizaciones de derechos humanos, que consideran que el acceso a estos archivos es clave para entender la dimensión del caso y las responsabilidades institucionales.
La primera entrega de documentos en diciembre había sido criticada por su carácter parcial y por la omisión de millones de páginas. El incumplimiento del plazo fijado por el Congreso provocó tensiones entre el Departamento de Justicia, jueces federales y legisladores, lo que derivó en la decisión de abrir completamente los archivos en esta segunda fase.
El caso Epstein, que estalló públicamente en 2019 tras su arresto y posterior muerte en prisión, sigue siendo uno de los más polémicos en Estados Unidos por la implicación de personalidades como el expresidente Bill Clinton y el actual presidente Donald Trump, además de empresarios y académicos de renombre. La publicación masiva de documentos podría ofrecer nuevas evidencias sobre el alcance de sus relaciones y sobre la protección institucional que recibió durante años.
Organizaciones civiles han advertido que el reto ahora será procesar y analizar la enorme cantidad de información divulgada, para que no quede en un simple acto de transparencia formal. La expectativa es que los archivos permitan avanzar en investigaciones pendientes y que se traduzcan en acciones concretas contra quienes participaron o encubrieron los delitos.
Con esta nueva entrega, el gobierno estadounidense busca cerrar un capítulo de opacidad y responder a la exigencia social de conocer la verdad sobre uno de los casos de abuso sexual más graves y con mayores implicaciones políticas de las últimas décadas.
