El tribunal federal en Washington dictó cadena perpetua sin derecho a libertad condicional contra Ryan Routh, acusado de planear y ejecutar un ataque armado contra el presidente Trump durante un acto público en Carolina del Norte en agosto de 2025. La fiscalía presentó pruebas de que Routh disparó varias veces hacia el estrado presidencial, aunque fue neutralizado por el Servicio Secreto antes de lograr su objetivo.
Los jueces consideraron que la gravedad del delito, la premeditación y el riesgo para la seguridad nacional justificaban la pena máxima.
Ryan Routh, de 49 años, fue detenido inmediatamente tras el ataque y enfrentó cargos por intento de asesinato del presidente, uso de armas de fuego en un acto terrorista y conspiración contra el gobierno. Durante el juicio, la defensa alegó problemas de salud mental, pero el tribunal concluyó que existía plena responsabilidad penal.
El atentado se produjo en un contexto de alta polarización política en Estados Unidos, lo que generó un debate sobre la seguridad de los eventos presidenciales y la capacidad del Servicio Secreto para prevenir ataques.
El presidente Trump calificó la sentencia como “un triunfo de la justicia” y agradeció al Servicio Secreto por su actuación. Legisladores republicanos señalaron que el fallo envía un mensaje contundente contra cualquier intento de violencia política.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos advirtieron que el caso refleja la necesidad de atender los problemas de radicalización y salud mental en el país, más allá de las sanciones penales.
La condena a cadena perpetua contra Routh se convierte en un precedente judicial sobre los delitos de intento de magnicidio en Estados Unidos. Expertos señalan que el fallo refuerza la política de “tolerancia cero” frente a ataques contra figuras públicas y podría influir en futuros procesos relacionados con terrorismo interno.
El caso Ryan Routh evidencia la vulnerabilidad de los actos presidenciales frente a amenazas armadas y la respuesta contundente del sistema judicial estadounidense. La cadena perpetua dictada contra el acusado busca disuadir futuros intentos de violencia política y reafirma la prioridad de proteger la seguridad presidencial en un país marcado por la polarización.
