La Fiscalía General de la República presentó los elementos probatorios para exigir una nueva sentencia contra el exgobernador de Veracruz, señalando el desvío de recursos etiquetados para obras hidráulicas.
La situación legal del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se complicó nuevamente este lunes luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara la acusación formal en su contra por el delito de peculado. El Ministerio Público Federal busca imputarle una nueva pena privativa de la libertad, argumentando tener pruebas contundentes sobre el desvío de 120 millones de pesos del erario estatal ocurrido durante su gestión en 2014.
Según el expediente judicial que se desahoga en el Reclusorio Norte, los fiscales detallaron que los recursos en cuestión provenían originalmente de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV). Dicho monto estaba etiquetado para obras de infraestructura hidráulica prioritarias; sin embargo, las investigaciones apuntan a que el dinero fue transferido irregularmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) bajo instrucciones directas del entonces mandatario, para posteriormente desaparecer de las arcas públicas sin justificación contable.
Esta nueva acusación se suma a la sentencia de nueve años de prisión que Duarte ya cumple por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La defensa del político veracruzano ha intentado en diversas ocasiones desestimar los cargos argumentando violaciones al debido proceso, pero la autoridad judicial ha validado la integración de esta carpeta de investigación, permitiendo que el caso avance hacia la etapa de juicio oral.
El órgano autónomo solicitó al juez de control la imposición de la pena máxima aplicable para este tipo de delitos patrimoniales, además de exigir la reparación integral del daño al erario. La Fiscalía sostiene que este desvío no fue un hecho aislado, sino parte de un esquema sistemático de operación financiera que dejó a la entidad con graves rezagos en servicios básicos mientras se enriquecía a una red de funcionarios y empresas fantasma.
La audiencia intermedia, donde se depurarán las pruebas que serán admitidas para el juicio, se perfila como el siguiente gran capítulo en la larga saga judicial del expriista. Mientras tanto, Duarte de Ochoa permanece recluido, enfrentando no solo este proceso federal, sino también diversas imputaciones del fuero común que la Fiscalía de Veracruz mantiene activas por el quebranto financiero del estado.
