Miles de ciudadanos marchan en las principales ciudades exigiendo un ajuste frente a la inflación, mientras el conflicto pone a prueba la independencia judicial a meses de los comicios presidenciales.
La agitación social ha vuelto a tomar el protagonismo en las calles de Colombia este jueves. Una ola de manifestaciones multitudinarias paralizó puntos clave de Bogotá, Medellín y Cali, impulsada por sindicatos y movimientos sociales que exigen una renegociación inmediata del salario mínimo. En un contexto marcado por la presión económica de los últimos meses, los trabajadores denuncian que el poder adquisitivo de las familias se ha desplomado, convirtiendo la urgencia financiera en el principal motor de una ciudadanía que ha decidido volver a la movilización masiva.
El conflicto laboral no ocurre en el vacío, sino que ha chocado frontalmente con el arranque definitivo del calendario electoral, convirtiendo las marchas en un termómetro político de alto voltaje. Los diferentes candidatos han tenido que reconfigurar sus discursos de campaña sobre la marcha, intentando conectar con el descontento popular sin alienar por completo al sector empresarial y productivo. Analistas locales coinciden en que la postura que adopte el gobierno frente a esta crisis salarial podría inclinar definitivamente la balanza en las urnas, polarizando aún más a un electorado ya de por sí dividido.
A esta compleja ecuación se suma una dimensión de profunda gravedad institucional: la defensa de la independencia judicial. En medio de las protestas, diversas resoluciones de las altas cortes respecto a las regulaciones laborales y la legalidad de los paros han provocado tensiones directas con el poder ejecutivo. Sectores de la oposición, así como barras de abogados, han lanzado advertencias sobre presuntos intentos de injerencia política en los tribunales para forzar fallos que desactiven las huelgas, lo que representaría una vulneración al equilibrio de poderes.
Desde el Palacio de Nariño, la respuesta oficial ha consistido en un llamado al diálogo tripartito. El gobierno ha convocado a mesas de concertación urgentes con las centrales obreras y las cúpulas empresariales, aunque hasta el momento las posturas sobre el porcentaje de incremento se mantienen alejadas. Simultáneamente, se ha desplegado un fuerte operativo policial para acompañar las movilizaciones y evitar que la protesta social derive en bloqueos logísticos o disturbios, recordando los episodios de violencia de estallidos sociales previos.
Mientras el país avanza hacia las elecciones, la combinación de demandas económicas en las calles y el pulso por la autonomía de los jueces ha creado un escenario de alta incertidumbre. Colombia entra en unas semanas decisivas donde la capacidad de sus instituciones para canalizar este descontento de forma pacífica definirá no solo el nuevo piso salarial de los trabajadores, sino la salud misma de su sistema democrático.
