El Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó que México acumula 819 acciones urgentes en la materia desde 2012 hasta febrero de 2026, posicionando al país en el primer lugar a nivel mundial por encima de Irak. El informe técnico detalla que 40 de estas solicitudes de intervención internacional humanitaria se registraron únicamente en los últimos cinco meses, cifra que concentra el 37 por ciento de los nuevos casos globales durante dicho lapso.
El escrutinio del órgano internacional señala deficiencias estructurales sistemáticas en la respuesta del Estado mexicano y expone la ausencia de estrategias integrales de búsqueda que cuenten con planes operativos, cronogramas definidos y una coordinación interinstitucional efectiva. El dictamen evidencia un retraso grave y reiterado en la ejecución de diligencias ministeriales elementales, tales como el procesamiento técnico de datos de geolocalización, análisis de redes de telefonía y revisión de sistemas de videovigilancia.
El documento advierte sobre la investigación insuficiente respecto a la posible responsabilidad oficial, registrando expedientes en Jalisco, Guanajuato y Sinaloa que presumen la participación directa de agentes estatales, operaciones con equipo táctico y colusión con estructuras criminales. Esta vulnerabilidad se extiende a las redes de familiares, ejemplificada por la reciente desaparición de un buscador que operaba bajo medidas cautelares, en un escenario donde Chiapas concentra la mayoría de las incidencias recientes vinculadas a rutas migratorias, afectando principalmente a población masculina y menores de edad bajo un esquema de acceso restrictivo a las carpetas de investigación.
