La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) habilitó la convocatoria para la integración del Padrón Público de Testigos Sociales, un instrumento técnico de participación civil diseñado para auditar y garantizar la legalidad en el ejercicio presupuestal de la Federación. El proceso de registro para los interesados en fungir como vigilantes ciudadanos de las licitaciones y contratos gubernamentales mantendrá vigencia hasta el próximo 29 de mayo de 2026.
El marco regulatorio de esta figura ciudadana opera bajo los lineamientos de la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La dependencia federal dictaminó que la reestructuración del mecanismo busca eliminar la burocracia administrativa que encarecía y limitaba la participación en las compras del Estado durante las últimas dos décadas. El rediseño estructural incluye la sistematización del registro, la actualización de tabuladores de contraprestación y la implementación de un Código de Ética vinculatorio para el desempeño de los auditores ciudadanos.
La convocatoria se despliega de manera paralela a la inminente reestructuración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, donde el bloque legislativo oficialista en la Cámara de Diputados perfila la reasignación de 18 mil millones de pesos. Este recorte, que impactará directamente a los organismos autónomos y al Poder Judicial, será redistribuido hacia programas de infraestructura, educación y desarrollo agrario, operaciones financieras que requerirán la validación técnica y el escrutinio de la nueva plantilla de testigos sociales acreditados por la SABG.
